De las APP tradicionales a los nuevos Esquemas de Participación MixtaLa infraestructura constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y la competitividad de cualquier país.
Carreteras, puertos, aeropuertos, redes eléctricas, hospitales, sistemas de abastecimiento de agua y conectividad digital facilitan la actividad productiva, reducen costos logísticos y generan condiciones para atraer nuevas inversiones.
En México, el Estado asumió tradicionalmente la responsabilidad principal en la planeación, el financiamiento y la ejecución de estas obras mediante esquemas de inversión pública.
Sin embargo, las restricciones presupuestarias, la creciente complejidad técnica de los proyectos y la necesidad de incorporar capacidades especializadas impulsaron el desarrollo de diferentes mecanismos de colaboración con el sector privado.
El surgimiento de las Asociaciones Público-PrivadasLas Asociaciones Público-Privadas, conocidas como APP, surgieron como una alternativa para continuar desarrollando infraestructura mediante contratos de largo plazo, generalmente establecidos por periodos de entre 10 y 30 años.
Su propósito central consiste en asignar los riesgos de diseño, construcción, financiamiento, operación, demanda y regulación a la parte que tenga mejores capacidades para administrarlos o mitigarlos.
En estos esquemas, el sector privado puede aportar capital de riesgo, estructurar el financiamiento y proporcionar experiencia técnica. Por su parte, el sector público establece el marco institucional y contractual, otorga autorizaciones, aporta activos y, dependiendo del proyecto, puede realizar pagos o brindar apoyos vinculados al desempeño.
La institucionalización del modeloAunque en México ya se utilizaban concesiones, Proyectos de Prestación de Servicios y mecanismos de infraestructura productiva de largo plazo, la publicación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas en 2012 estableció un marco jurídico específico para estos proyectos.
Los modelos adoptaron diferentes formas.
Las concesiones autosostenibles permiten que el inversionista recupere su capital principalmente mediante las tarifas cobradas a los usuarios, como ocurre en determinadas autopistas.
Los Proyectos de Prestación de Servicios fueron utilizados especialmente en infraestructura social. En estos casos, el sector privado podía construir, mantener y prestar servicios complementarios, mientras el Estado conservaba la responsabilidad sobre los servicios públicos esenciales.
Críticas y desaceleraciónA partir de 2018 se produjo un cambio en la visión federal sobre estos modelos.
Las principales críticas estuvieron relacionadas con los compromisos presupuestarios de largo plazo, las obligaciones contingentes y la reducción del margen fiscal disponible para administraciones futuras.
También se revisaron y renegociaron contratos vinculados con carreteras y centros penitenciarios, mientras que la política de infraestructura se orientó hacia una mayor inversión pública directa.
Como consecuencia, la realización de nuevas APP federales disminuyó. Sin embargo, algunos proyectos previamente contratados continuaron, al igual que diferentes iniciativas estatales, municipales y aquellas respaldadas por la banca de desarrollo.
El regreso de la colaboración público-privadaEl panorama comenzó a modificarse con la presentación del Plan México en 2025.
Esta estrategia busca fortalecer la producción nacional, incrementar el contenido mexicano dentro de las cadenas productivas, atraer inversión, generar empleos mejor remunerados y desarrollar infraestructura y polos de crecimiento económico.
Posteriormente, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 y el nuevo marco jurídico para la inversión en infraestructura estratégica incorporaron los llamados Esquemas de Participación Mixta.
Estos mecanismos amplían las posibilidades de colaboración entre el Estado y los inversionistas privados.
A diferencia de determinados contratos tradicionales, el sector público puede participar como inversionista, socio estratégico o aportante dentro del vehículo encargado de desarrollar el proyecto.
Su participación puede ser mayoritaria, minoritaria o paritaria, dependiendo del sector, la estructura financiera y la viabilidad de la iniciativa.
Vehículos de Propósito EspecíficoLos nuevos proyectos pueden estructurarse mediante Vehículos de Propósito Específico, conocidos como VPE.
Estos vehículos pueden adoptar la forma de sociedades mercantiles, fideicomisos públicos o privados, mandatos u otras figuras legalmente permitidas.
Su función es concentrar los activos, los derechos, los contratos y los flujos financieros asociados con un proyecto.
También permiten separar parcialmente sus riesgos de otros negocios de los participantes y estructurar financiamientos cuyo pago dependa principalmente de los ingresos generados por la propia infraestructura.
¿Cómo se financian los proyectos?La combinación entre capital y deuda cambia según las características y el nivel de riesgo de cada proyecto.
El capital puede provenir de promotores, inversionistas privados y fondos especializados en infraestructura. También puede canalizarse mediante instrumentos como los Certificados de Capital de Desarrollo y los Certificados de Proyectos de Inversión.
La deuda puede obtenerse a través de diferentes fuentes:

• Banca de desarrollo y fondos públicos.
• Banca comercial.
• Emisiones en el mercado de capitales.
• Bonos de infraestructura.
• Bonos verdes, sociales o sostenibles.
• Organismos multilaterales.

Instituciones como Banobras, FONADIN, Nafin, Bancomext y SHF pueden participar mediante créditos, garantías, deuda subordinada, aportaciones o apoyos, dependiendo del sector y de la estructura financiera.
Los retos del nuevo modeloEl uso de un Esquema de Participación Mixta no determina automáticamente si las obligaciones deben considerarse deuda pública.
Esta clasificación dependerá del tratamiento presupuestario y contable, las garantías ofrecidas, los riesgos asumidos y la estructura contractual del proyecto.
Además, el nuevo marco otorga mayor importancia a criterios de sostenibilidad, viabilidad ambiental, impacto social, adaptación climática y gobernanza.
Por ello, el éxito de estos proyectos no dependerá únicamente de conseguir financiamiento, sino de contar con:

• Una estructura financiera sólida.
• Transparencia en la contratación.
• Una correcta distribución de riesgos.
• Proyectos técnica y económicamente viables.
• Seguridad jurídica.
• Supervisión institucional durante todo el ciclo de vida.

ConclusiónLa colaboración entre el sector público y los inversionistas privados será fundamental para desarrollar, ampliar y modernizar la infraestructura de México.
El país necesita estas inversiones para elevar su competitividad, atraer capital extranjero y aprovechar las oportunidades generadas por la relocalización de cadenas productivas.
Las APP tradicionales continúan vigentes, mientras los nuevos Esquemas de Participación Mixta amplían las posibilidades de coinversión y colaboración entre el Estado y el sector privado.
Sin embargo, el verdadero indicador de éxito no será la cantidad de proyectos anunciados, sino su capacidad para generar beneficios públicos, estabilidad financiera y valor de largo plazo.
La infraestructura requiere capital, pero también instituciones sólidas, transparencia y confianza. Sin estos elementos, ningún modelo contractual podrá sustituir una correcta planeación.
Contenido de carácter informativo.
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México tiene la oportunidad de convertirse en un centro estratégico de cadenas de valor resilientes, pero atraer capital será apenas el primer pasoLa relocalización de cadenas productivas ha colocado a México en el centro de la conversación mundial sobre manufactura, comercio internacional e inversión.
Su cercanía con Estados Unidos, la existencia del T-MEC, su red de tratados comerciales, la experiencia manufacturera y la capacidad industrial instalada convierten al país en una alternativa natural para las empresas que buscan reducir riesgos geopolíticos, acortar sus cadenas de suministro y fortalecer su presencia en Norteamérica.
No obstante, la ventaja geográfica no garantiza por sí sola el éxito.
La pregunta central es si México está preparado para convertir esta oportunidad en desarrollo sostenible o si únicamente recibirá una nueva ola de inversión sin corregir sus debilidades estructurales.
Atraer capital no es lo mismo que capturar valorAtraer capital significa instalar plantas, ocupar parques industriales, generar empleo y aumentar la inversión productiva.
Capturar valor de largo plazo implica algo más profundo: desarrollar proveedores nacionales, elevar la productividad, mejorar salarios, fortalecer la infraestructura, incorporar innovación y construir cadenas de valor más sofisticadas.
México puede competir únicamente por ubicación, costos y mano de obra, o puede diferenciarse mediante talento, tecnología, cumplimiento, sostenibilidad y eficiencia.
Esa diferencia determinará si el nearshoring se convierte en una oportunidad temporal o en una verdadera plataforma de desarrollo económico.
Los principales retos del nearshoringLa llegada de nuevas inversiones incrementará la presión sobre recursos e infraestructura que ya presentan limitaciones en diferentes regiones del país.
EnergíaLa manufactura moderna necesita electricidad suficiente, competitiva, confiable y cada vez más limpia.
Las empresas internacionales también evalúan la huella ambiental de sus operaciones y proveedores. Sin mayor capacidad de generación, modernización de redes y certidumbre energética, México podría perder parte de su ventaja competitiva.
AguaLa seguridad hídrica será un criterio decisivo para las inversiones industriales.
Una planta ubicada en una región con estrés hídrico, permisos inciertos o infraestructura insuficiente representa un riesgo operativo y financiero. La disponibilidad, reutilización y eficiencia en el uso del agua dejarán de ser asuntos secundarios.
InfraestructuraEl crecimiento industrial requiere carreteras, ferrocarriles, puertos, cruces fronterizos, redes eléctricas, vivienda, transporte urbano y conectividad digital.
Cuando la inversión productiva avanza más rápido que la infraestructura, aparecen cuellos de botella que elevan costos y reducen competitividad.
Proveedores y PyMEsEl nearshoring solo generará mayor valor nacional si integra empresas mexicanas a las cadenas globales de suministro.
Las PyMEs deberán fortalecer sus sistemas de calidad, trazabilidad, sostenibilidad, seguridad industrial, prácticas laborales y cumplimiento normativo. Las empresas que no puedan demostrar estos estándares podrían quedar fuera de determinadas cadenas de valor.
De la sostenibilidad narrativa a la sostenibilidad financieraUno de los mayores desafíos consiste en traducir la sostenibilidad al lenguaje de las finanzas.
Muchas organizaciones reconocen la importancia de los factores ambientales, sociales y de gobernanza, pero todavía pocas cuantifican su impacto sobre el flujo de efectivo, el EBITDA, el CapEx, el costo de capital o la valuación.
En el contexto del nearshoring, esta medición será indispensable.
Un proyecto que no evalúe su dependencia del agua, su exposición energética, sus emisiones, sus condiciones laborales o sus riesgos regulatorios puede parecer atractivo en el corto plazo, pero esconder amenazas relevantes para su continuidad y rentabilidad.
El capital comenzará a diferenciar entre proyectos que únicamente prometen crecimiento y aquellos que pueden demostrar resiliencia, eficiencia y capacidad de adaptación.
Evitar el greenwashingLa llegada de una fábrica o la generación de empleos no convierte automáticamente a una inversión en sostenible.
Un proyecto sostenible debe demostrar:

• Uso eficiente de energía y agua.
• Cumplimiento laboral y seguridad ocupacional.
• Reducción de emisiones.
• Gobernanza y transparencia.
• Trazabilidad en la cadena de suministro.
• Integración responsable con las comunidades.
• Contribución económica local.

La sostenibilidad debe ser verificable, medible y financieramente relevante. De lo contrario, se convierte en una narrativa comercial sin impacto real.
Una tesis de inversión hacia 2030El nearshoring financieramente sostenible puede consolidarse como una de las principales tesis de inversión de México durante los próximos años.
Sectores como energía limpia, infraestructura hídrica, logística, manufactura avanzada, parques industriales sostenibles, vivienda, movilidad, digitalización, economía circular y desarrollo de proveedores presentan oportunidades importantes.
Sin embargo, no todos los proyectos vinculados al nearshoring serán rentables ni sostenibles.
Los inversionistas deberán evaluar con rigor la ubicación, disponibilidad de recursos, infraestructura, permisos, cadena de suministro, riesgos sociales y capacidad de adaptación de cada proyecto.
ConclusiónMéxico posee una ventaja estratégica, pero esta no es automática ni permanente.
Otros países también compiten por atraer inversión, mientras que Estados Unidos impulsa su propia reindustrialización y Asia mantiene una amplia escala productiva.
La sostenibilidad no debe verse como un complemento del nearshoring, sino como una condición para su permanencia.
México no debe aspirar únicamente a recibir más inversión. Debe convertirse en un centro de cadenas de valor resilientes, eficientes, bajas en carbono y financieramente sólidas.
“El nearshoring no será sostenible porque lo digan los discursos; será sostenible cuando sus riesgos y oportunidades puedan medirse en flujo de efectivo, CapEx, costo de capital, valuación y resiliencia territorial.”
Artículo elaborado por el Dr. Carmelo Santillán Ramos, presidente del Comité de Sostenibilidad e Inversión de la Asociación Mexicana de Inversionistas.
Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye una recomendación de inversión.
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La Asociación Mexicana de Inversionistas analizó la evolución de una inversión hipotética de $100,000 pesos mexicanos, realizada al inicio de 2026 en diferentes instrumentos de deuda y renta variable.
El objetivo del ejercicio fue comparar su comportamiento durante los primeros seis meses del año y observar no solo cuál generó el mayor rendimiento, sino también cómo evolucionó cada alternativa en distintos momentos del periodo.
Al cierre de junio de 2026, los resultados acumulados fueron los siguientes:

• S&P 500 en pesos: $106,750 — 6.75%
• MBONOS: $104,454 — 4.45%
• S&P/BMV IPC: $104,134 — 4.13%
• CETES: $103,820 — 3.82%
• UDIBONOS: $103,148 — 3.15%

En términos de rendimiento efectivo acumulado, el S&P 500 medido en pesos mexicanos se posicionó como la alternativa con mejor desempeño. Una inversión inicial de $100,000 habría alcanzado un valor aproximado de $106,750 al finalizar junio.
Sin embargo, el resultado final no refleja por completo lo ocurrido durante el semestre.
Un rendimiento acompañado de volatilidadEl S&P 500 inició el año con resultados negativos. Durante enero registró una caída acumulada de -1.37%, en febrero descendió hasta -3.61% y en marzo alcanzó un retroceso de -5.42%.
A partir de abril comenzó una recuperación relevante. El índice pasó a terreno positivo con un rendimiento de 2.39%, avanzó hasta 6.88% en mayo y cerró junio con un rendimiento acumulado de 6.75%.
Esto significa que un inversionista enfocado únicamente en los primeros meses del año podría haber tomado una decisión distinta a quien mantuvo una visión de mayor plazo.
El recorrido demuestra que, especialmente en instrumentos de renta variable, los resultados pueden cambiar de manera importante en periodos relativamente cortos.
El mercado mexicano mostró fortaleza durante varios mesesEl S&P/BMV IPC también tuvo un comportamiento relevante durante el semestre. En enero presentó un rendimiento acumulado de 5.12% y en febrero alcanzó 11.04%, superando ampliamente al resto de los instrumentos analizados en ese momento.
Aunque posteriormente moderó su crecimiento, cerró junio con un rendimiento acumulado de 4.13%, equivalente a un valor aproximado de $104,134 sobre una inversión inicial de $100,000.
Este comportamiento refleja que el liderazgo entre los instrumentos no fue permanente. La alternativa con mejor desempeño al cierre de junio no necesariamente fue la que encabezó los resultados durante todo el semestre.
Los instrumentos de deuda mantuvieron una evolución más estableLos MBONOS, CETES y UDIBONOS presentaron rendimientos inferiores a los obtenidos por la renta variable, pero mostraron una trayectoria más gradual.
Los MBONOS cerraron junio con un rendimiento acumulado de 4.45%, posicionándose como la segunda alternativa con mejor resultado al finalizar el periodo.
Los CETES alcanzaron un rendimiento de 3.82%, mientras que los UDIBONOS finalizaron con 3.15%.
Aunque estos instrumentos no ocuparon la primera posición, su comportamiento puede responder a objetivos diferentes, como la estabilidad, la conservación del capital, la liquidez o la protección frente a determinados riesgos económicos.
El rendimiento final no cuenta toda la historiaEste ejercicio confirma una idea fundamental: analizar una inversión únicamente por el porcentaje que generó al final de un periodo puede ofrecer una visión incompleta.
Para evaluar correctamente una alternativa también es necesario considerar:

• La volatilidad que presentó durante el periodo.
• El nivel de riesgo asumido.
• El horizonte de inversión.
• La liquidez del instrumento.
• La tolerancia del inversionista ante las caídas.
• Los objetivos financieros y patrimoniales.
• La función que cumple el activo dentro de un portafolio diversificado.

Un instrumento puede ofrecer un mayor rendimiento, pero también exigir una mayor capacidad para soportar fluctuaciones. Otro puede generar un retorno más moderado, pero proporcionar una evolución más estable y predecible.
Por esta razón, no existe una inversión universalmente superior. La conveniencia de cada alternativa depende del perfil, las necesidades y la estrategia de cada inversionista.
ConclusiónAl cierre del primer semestre de 2026, el S&P 500 en pesos presentó el mayor rendimiento acumulado entre los instrumentos analizados.
No obstante, el camino para llegar a ese resultado estuvo marcado por caídas iniciales y una recuperación posterior. Mientras tanto, el mercado accionario mexicano lideró durante varios meses y los instrumentos de deuda avanzaron de forma más estable.
La principal enseñanza no consiste solamente en identificar cuál inversión creció más, sino en comprender cómo se comportó, qué riesgos implicó y si ese comportamiento es compatible con los objetivos del inversionista.
Invertir no consiste en perseguir al instrumento que encabeza la tabla. Consiste en tomar decisiones con información, estrategia, disciplina y perspectiva.
Análisis elaborado por Mauro Mauleón, director de Mercados de Capitales y Bursátiles de la Asociación Mexicana de Inversionistas.
Fuente: S&P Dow Jones Indices. Rendimientos expresados en pesos mexicanos.
Contenido exclusivamente informativo e ilustrativo.
​No constituye una recomendación de inversión.
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Cómo evaluar si una deuda crea valor, preserva liquidez y acelera la expansión de una empresaEn las conversaciones con empresarios de mercados emergentes aparece con frecuencia una barrera cultural profundamente arraigada: la resistencia al costo del dinero.
Para muchos directores, pagar intereses a una institución financiera representa una pérdida directa de rentabilidad. Bajo esa lógica, la deuda se interpreta como un riesgo que debe evitarse siempre que sea posible.
Sin embargo, desde una perspectiva estratégica de capital, esta visión puede limitar el crecimiento empresarial.
El interés no siempre debe entenderse únicamente como un gasto. En determinados escenarios, puede representar el costo de adquisición de una materia prima fundamental para escalar: el capital.
La diferencia está en cómo se utiliza.
Una deuda tomada sin estrategia puede deteriorar la liquidez, presionar el flujo de caja y debilitar el balance. Pero una deuda bien estructurada, asociada a una oportunidad rentable y controlada por métricas claras, puede convertirse en una herramienta de expansión.
Ahí surge el concepto de Margen de Arbitraje de Capital.
Qué es el Margen de Arbitraje de CapitalEl Margen de Arbitraje de Capital es una herramienta de análisis financiero que permite evaluar si el uso de capital de terceros genera valor neto para la empresa.
Su lógica es simple: una compañía crea valor mediante deuda cuando el rendimiento generado por el capital financiado supera el costo financiero total de ese capital.
En términos prácticos:
MAC = Retorno generado por el capital utilizado – Costo financiero neto ajustado
Donde:
MAC es el Margen de Arbitraje de Capital.
Retorno generado por el capital utilizado es la utilidad o rendimiento producido por la inversión financiada.
Costo financiero neto ajustado es el costo real del financiamiento después de considerar intereses, comisiones, plazo, efectos fiscales aplicables y costos asociados.
Si el resultado es positivo, la deuda puede estar creando valor.
Si el resultado es negativo, la deuda puede estar destruyendo margen y presionando la operación.
Por eso, el análisis financiero no debe limitarse a observar la tasa nominal del crédito. Lo relevante es comparar el costo total del dinero con el retorno real que ese dinero puede producir dentro del ciclo operativo del negocio.
El error de evaluar solo la tasaEl empresario tradicional suele mirar primero la tasa de interés.
Si la tasa parece alta, rechaza el financiamiento. Si la tasa parece baja, lo considera atractivo.
Pero esa lectura es incompleta.
Un crédito caro puede ser conveniente si financia una operación de alta rotación y alto margen. Del mismo modo, un crédito barato puede ser destructivo si financia una inversión lenta, mal ejecutada o sin retorno comprobable.
La pregunta correcta no es únicamente:
¿Cuánto cuesta el crédito?
La pregunta estratégica es:
¿Qué rendimiento verificable puede generar este capital durante el mismo periodo en el que debo pagar el financiamiento?
Esa diferencia cambia por completo la conversación.
Ejemplo práctico: rotación de inventario y arbitraje positivoImagine una empresa comercializadora que detecta una oportunidad de alta demanda. Para aprovecharla, decide utilizar una línea de crédito empresarial de corto plazo con un costo financiero del 2% mensual durante tres meses.
A simple vista, algunos directores podrían considerar que el costo del dinero es elevado. Sin embargo, el secreto de la operación no está en la tasa aislada, sino en la velocidad de rotación del capital.
Supongamos que la empresa utiliza el financiamiento para adquirir inventario y logra rotarlo tres veces dentro del mismo trimestre.
Si cada rotación genera una utilidad neta del 10% sobre el valor del inventario, el rendimiento acumulado en tres meses alcanza el 30%.
Durante ese mismo periodo, el costo financiero acumulado del crédito sería del 6%.
El resultado es un diferencial positivo:
30% de rendimiento operativo – 6% de costo financiero = 24% de Margen de Arbitraje de Capital
En este escenario, el crédito no se analiza como una carga aislada. Se analiza como una herramienta que permitió capturar una oportunidad comercial concreta.
La empresa utilizó capital de terceros, preservó liquidez propia y generó valor mediante una operación rentable y de alta rotación.
La clave no fue endeudarse.
La clave fue financiar una oportunidad con retorno superior al costo del dinero.
El efecto fiscal en el costo real del financiamientoEl análisis puede volverse más preciso cuando se incorpora el efecto fiscal.
En términos generales, los intereses derivados de créditos empresariales pueden ser deducibles cuando cumplen con los requisitos fiscales aplicables y el capital se destina a fines propios del negocio.
Esto significa que, bajo una correcta estructura fiscal y contable, el costo financiero puede reducirse en términos netos.
Sin embargo, este punto debe abordarse con rigor. La deducibilidad de intereses depende del régimen fiscal, la documentación, el destino del crédito, el cumplimiento de requisitos legales, la trazabilidad del uso de los recursos y posibles limitantes aplicables.
Por ello, toda estrategia de apalancamiento debe revisarse con asesoría fiscal especializada.
El punto financiero es claro: cuando corresponde, el efecto fiscal puede reducir el costo real del financiamiento y mejorar el margen neto de la operación.
Pero ese beneficio no debe asumirse de manera automática. Debe comprobarse, documentarse y gestionarse correctamente.
Deuda, WACC y estructura óptima de capitalDesde la perspectiva de un inversionista institucional, la discusión no debe centrarse en eliminar toda deuda, sino en optimizar la estructura de capital.
Una empresa que financia el 100% de su crecimiento con recursos propios puede parecer conservadora, pero también puede estar utilizando el capital más caro disponible: el de sus accionistas.
El capital propio exige un retorno mayor porque asume mayor riesgo. En cambio, una deuda bien estructurada puede tener un costo inferior y permitir que la empresa preserve liquidez, acelere proyectos y mejore su eficiencia financiera.
Aquí entra el concepto de Costo Promedio Ponderado de Capital, conocido como WACC.
El WACC permite medir cuánto le cuesta a una empresa financiar sus operaciones combinando capital propio y deuda. Una estructura adecuada puede reducir ese costo promedio y mejorar la valoración de la compañía ante inversionistas, fondos o comités de capital.
Pero el objetivo no es endeudarse más.
El objetivo es financiarse mejor.
Una estructura sana debe equilibrar liquidez, rentabilidad, riesgo, plazo y capacidad de pago.
Cuándo la deuda crea valorLa deuda puede crear valor cuando cumple condiciones concretas.
Debe existir una oportunidad de negocio verificable. El retorno esperado debe superar el costo financiero total. El flujo de caja debe permitir cubrir capital e intereses. El plazo del crédito debe coincidir con el ciclo operativo del negocio. La empresa debe mantener margen de maniobra ante escenarios adversos.
También debe existir claridad sobre el destino de los recursos.
No es lo mismo financiar inventario de alta rotación que cubrir pérdidas operativas recurrentes. No es lo mismo financiar expansión con demanda validada que cubrir una falta estructural de liquidez.
La deuda crea valor cuando se utiliza para multiplicar una operación sana.
Puede destruir valor cuando se usa para ocultar una operación débil.
Cuándo la deuda puede convertirse en riesgoEl apalancamiento financiero no es una solución universal.
Una empresa no debería tomar deuda si no puede proyectar flujos con razonable claridad, si no conoce sus márgenes reales, si carece de controles contables, si no tiene disciplina de cobranza o si el plazo del crédito no coincide con el ciclo de recuperación del capital.
Tampoco debería financiar crecimiento si no cuenta con capacidad operativa para responder a la demanda.
Crecer sin estructura también puede ser una forma de perder dinero.
Por eso, el apalancamiento exige disciplina. Requiere indicadores, control de inventarios, planeación de flujo, análisis de escenarios y gobierno financiero.
El crédito no convierte una mala operación en buena.
Solo acelera lo que ya existe.
Si el modelo es sólido, puede acelerar crecimiento.
Si el modelo es débil, puede acelerar el deterioro.
El riesgo de no financiar oportunidades rentablesAunque se habla mucho del riesgo de endeudarse, pocas veces se analiza el riesgo de no hacerlo.
En mercados competitivos, rechazar proyectos rentables por temor al financiamiento también tiene costo.
Cada vez que una empresa deja pasar una oportunidad de expansión, posterga la modernización de su operación o no puede atender un contrato relevante por falta de capital, abre espacio para que otro competidor tome esa posición.
El costo de oportunidad de la inacción puede ser alto.
Operar exclusivamente con recursos propios puede limitar la velocidad de crecimiento, reducir la capacidad de respuesta y obligar a los accionistas a comprometer liquidez personal en proyectos que podrían financiarse con una estructura más eficiente.
La prudencia financiera no consiste en evitar toda deuda.
Consiste en saber cuándo, cómo y para qué utilizarla.
Una nueva mentalidad financiera para empresas en crecimientoLas empresas que aspiran a competir a nivel institucional necesitan abandonar una visión defensiva del financiamiento.
El banco no debe verse únicamente como un acreedor peligroso. En una estructura bien diseñada, puede funcionar como proveedor estratégico de capital operativo.
Esto no significa tomar deuda de manera agresiva. Significa entender el crédito como una herramienta que debe alinearse con la estrategia, la rentabilidad y el flujo de caja.
El crecimiento sostenible requiere más que ventas. Requiere arquitectura financiera.
Una empresa puede tener demanda, clientes, producto y margen, pero si no cuenta con capital suficiente para ejecutar, su crecimiento queda limitado.
El Margen de Arbitraje de Capital permite ordenar esa decisión.
Ayuda a responder una pregunta central:
¿Este financiamiento genera más valor del que cuesta?
Si la respuesta es sí, con datos verificables y riesgo controlado, la deuda puede ser una palanca de crecimiento.
Si la respuesta es no, el crédito no debe tomarse.
ConclusiónEl apalancamiento financiero positivo puede separar a una empresa limitada por caja de una organización con capacidad real de escalar.
Pero la deuda no debe romantizarse.
No es buena ni mala por naturaleza. Es una herramienta. Su valor depende del retorno que genera, del costo que implica, del plazo que exige y del control con el que se administra.
El Margen de Arbitraje de Capital permite cambiar la conversación empresarial: dejar de evaluar el crédito solo por su tasa y empezar a evaluarlo por su capacidad de crear valor.
Para directores, consejeros y tomadores de decisión, el reto no es evitar todo pasivo. El reto es identificar oportunidades donde la rentabilidad, la rotación y la eficiencia operativa superen de manera clara el costo del dinero.
El capital bien estructurado no solo financia operaciones.
Puede acelerar expansión, proteger liquidez, fortalecer balances y elevar el valor estratégico de una empresa.
En el entorno competitivo actual, crecer no depende únicamente de vender más.
Depende de saber financiar mejor.

Por: Alejandro Alarcón Velázquez
Director de Inversión Inmobiliaria e Infraestructura
Asociación Mexicana de Inversionistas
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La construcción sostenible ha evolucionado de ser un concepto meramente aspiracional para convertirse en un pilar de alta relevancia en cada etapa del ciclo de un proyecto inmobiliario y/o infraestructura: desde su conceptualización, diseño y financiamiento, hasta su construcción, operación, evaluación e incluso el destino posterior a su vida útil. Este cambio en el interés y la percepción del mercado cobra mayor urgencia ante los efectos de fenómenos climáticos cada vez más severos, las presiones de estrés hídrico en diversas regiones del país y la necesidad de cubrir una demanda energética creciente mediante un mayor porcentaje de fuentes limpias. Asimismo, responde a la búsqueda de acceso a capitales con mejores condiciones de crédito, un factor que involucra no solo a la vivienda, sino también a parques industriales, espacios comerciales, equipamiento urbano, inmuebles de servicios y grandes proyectos de infraestructura.
La reciente publicación de la 4ª edición del Barómetro de la Construcción Sostenible 2026, elaborada por el Observatorio de la Construcción Sostenible de Saint-Gobain, revela que, si bien este enfoque ha ganado terreno, aún queda un tramo importante para pasar de la buena intención a la implementación real. Aunque el reporte destaca que la adopción de la construcción sostenible cuenta con una percepción de prioridad del 76% en Latinoamérica, del 82% entre los grupos de interés en México y del 72% por parte de los ciudadanos mexicanos, la realidad es que todavía no se encuentra integrada de manera sistemática en la toma de decisiones de diseño, contratación, operación, inversión y reporte financiero.
 
¿Qué entendemos por construcción sostenible?
Históricamente, el concepto se limitaba a la eficiencia energética, la adopción de ecotecnologías o el uso aislado de ciertos materiales ecológicos. Hoy, la visión ha madurado hacia un enfoque integral y holístico. Implica desarrollar proyectos inmobiliarios y de infraestructura que, a lo largo de todo su ciclo de vida, reduzcan los impactos ambientales, optimicen los recursos naturales, mitiguen los riesgos climáticos mediante la resiliencia y adopten la economía circular, no solo en la gestión de residuos de obra, sino en el cierre del ciclo de vida del inmueble. Todo esto con el objetivo explícito de generar valor económico, social y patrimonial.
Dentro de los conceptos fundamentales (no limitativos) que integran la construcción sostenible, se deben considerar:
 

• Eficiencia energética: Edificios diseñados para reducir el consumo eléctrico, incorporando fuentes renovables tanto en el suministro general como en soluciones distribuidas, como lo pueden ser los paneles solares.
• Eficiencia hídrica: Uso responsable del agua potable, tratamiento de aguas residuales, esquemas de reúso, captación pluvial y reducción de pérdidas físicas en las redes de abastecimiento.
• Materiales: Insumos con menor huella de carbono embebida, mayor durabilidad, uso de componentes reciclados, trazabilidad de origen y viabilidad de reutilización futura.
• Gestión de residuos: Políticas estrictas para reducir, separar, reaprovechar y asegurar la correcta disposición de los desechos generados durante la construcción o demolición.
• Salud y bienestar de los ocupantes: Diseño centrado en el ser humano que garantice calidad óptima en iluminación, pureza del aire, acondicionamiento acústico, confort térmico, accesibilidad y seguridad.
• Resilencia: Capacidad intrínseca del activo o infraestructura para resistir, adaptarse y recuperarse rápidamente ante eventos climáticos, físicos, operacionales o sociales.

 
De acuerdo con los hallazgos del Barómetro 2026, la resiliencia ha ganado terreno de forma acelerada hasta convertirse en un criterio indispensable de decisión. Esto no debe interpretarse como un simple eslogan comercial; en el fondo, representa el pilar que garantiza, en la medida de lo posible, la continuidad del negocio, la seguridad de los usuarios y la preservación del valor patrimonial frente a externalidades catastróficas.
 
Financiamiento, el punto de conexión entre sostenibilidad y viabilidad.
La ejecución de proyectos inmobiliarios y de infraestructura requiere estructuras financieras sólidas. Fuentes tradicionales e institucionales como bancos, fondos de inversión, FIBRAS y mercados de deuda han incrementado sustancialmente sus metas de colocación de capital ligado a la sostenibilidad, transformando el engranaje financiero que da viabilidad a los desarrollos.
Más allá del genuino interés ambiental, las instituciones financieras evalúan el riesgo corporativo. Bajo una óptica de gestión de riesgos, hoy resulta indispensable medir las oportunidades y contingencias asociadas a los criterios ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza). Por ello, al evaluar líneas de crédito, los comités ya no se limitan a revisar la ubicación, los flujos proyectados, las garantías o la capacidad de pago tradicional. El análisis actual pondera los riesgos físicos (pérdidas por eventos climáticos o ambientales), los riesgos de transición (impactos financieros derivados de la incertidumbre en políticas, regulaciones cambiantes, adopción tecnológica y reputación de mercado), así como la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y la calidad de la información ASG disponible.
La relevancia es tal que los índices de sostenibilidad en las bolsas de valores, que agrupan a empresas con mejores prácticas ASG, muestran rendimientos superiores a los tradicionales. En este sentido, la construcción sostenible genera un mayor valor financiero real, un hecho respaldado por el Barómetro 2026, donde el 47% de los tomadores de decisiones globales así lo afirma.
A nivel local, herramientas como la “Guía de financiamiento verde para edificaciones sostenibles en México” publicada en 2025, robustecen el ecosistema y delinean los principales mecanismos financieros sostenibles disponibles en el mercado nacional:
 

• Bonos verdes y de sostenibilidad: : Instrumentos de deuda cuyos recursos se etiquetan exclusivamente para financiar o refinanciar proyectos elegibles, tales como edificaciones con certificaciones internacionales reconocidas (LEED, EDGE o BREEAM).
• Bonos azules: Emisiones destinadas de forma exclusiva a fondear proyectos orientados a la protección de océanos, ecosistemas marinos y la gestión sostenible del recurso hídrico.
• Créditos vinculados a la sostenibilidad: Financiamientos donde el destino de los fondos es general, pero el costo de capital (tasa de interés) está condicionado al cumplimiento de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) ambientales y sociales predeterminados.
• Banca de Desarrollo: Entidades gubernamentales que inyectan capital preferencial y otorgan garantías estructurales orientadas a infraestructura urbana resiliente y proyectos inmobiliarios estratégicos; casos concretos en México son Banobras, Bancomext y Nafin.

 
Por lo tanto, la sostenibilidad debe incorporarse desde el origen y la planeación del proyecto; no basta con intentar integrarla en fases avanzadas o como un reporte de salida. Definir los criterios técnicos, los indicadores, las metodologías de medición y la documentación de soporte desde la etapa de diseño permitirá identificar el instrumento y la institución idónea, logrando capturar mejores condiciones de tasa de interés que reduzcan directamente el costo financiero del proyecto.
 
Reportes de sostenibilidad, impacto de las NIIF S1 y S2 y las NIS
La rendición de cuentas corporativa está viviendo una transformación contable sin precedentes. La información que las empresas presentan a sus partes interesadas ha dejado de ser exclusivamente financiera o limitada a los estados de resultados tradicionales. Preguntas históricas como ¿cuánta utilidad se obtuvo?, ¿cuál es el uso del flujo de efectivo? o ¿cómo está la estructura de pasivos e inventarios? ahora deben complementarse con la revelación explícita de los riesgos y oportunidades ASG que pueden impactar la rentabilidad y la marcha del negocio a largo plazo.
Esta evolución responde a un marco regulatorio estricto. En México, las empresas públicas o que cotizan en bolsa tienen la obligación dictada por la CNBV de revelar su información financiera relacionada con la sostenibilidad bajo los estándares internacionales NIIF S1 y S2 a partir del ejercicio 2025 (para reporte formal en este 2026). Paralelamente, las NIS (Normas de Información de Sostenibilidad), emitidas por el CINIF, entran en vigor en este 2026 para regular a las entidades no cotizantes, cerrando la brecha de transparencia en el mercado nacional.
De esta manera, las empresas públicas y, por consecuencia indirecta, toda la cadena de proveedores medianos y privados que forman parte de su cadena de valor están obligadas a identificar, medir y revelar cómo los riesgos físicos y de transición afectarán sus balances generales.
El reto operativo es mayúsculo. Un ejemplo crítico bajo la norma NIIF S2 y las NIS es la obligatoriedad de reportar no solo las emisiones directas e indirectas de la operación (Alcances 1 y 2), sino también las de Alcance 3, lo que exige que los proveedores a lo largo de la cadena entreguen las mediciones de sus propias actividades. Asimismo, se vuelve indispensable transparentar los planes de resiliencia y mitigación en zonas con alto estrés hídrico. Como bien lo anticipa un analista bancario en el Barómetro 2026: “Tan pronto como se implementen las versiones locales de las normas de sostenibilidad, los clientes corporativos comenzarán a tomarse con absoluta seriedad los riesgos climáticos”. Esta información será el factor determinante al momento de evaluar a quién y en qué condiciones de tasa, plazo y garantías se asignan las líneas de financiamiento.
En consecuencia, los reportes de sostenibilidad dejan de ser informes de relaciones públicas aislados para convertirse en un anexo vinculante de los estados financieros, sujeto a auditoría por terceros. Tener una cartera inmobiliaria o de infraestructura en zonas vulnerables al cambio climático o sin una gobernanza institucional afectará directamente la valuación del proyecto y en general de la entidad. Esto obliga a una conexión directa entre la sustentabilidad y la alta dirección, transitando de acciones aisladas hacia un reporte estructurado bajo cuatro pilares normativos: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, junto con métricas y objetivos.
 
La oportunidad
México se encuentra ante una la oportunidad de convertir la construcción sostenible en una ventaja competitiva de primer orden. El fenómeno de la relocalización de cadenas productivas, el auge en la demanda de espacios industriales clave, la necesidad habitacional y la modernización de la infraestructura son las palancas ideales para impulsar el crecimiento económico, siempre y cuando pasemos de la intención a la ejecución formal.
El trabajo pendiente incluye la estandarización de métricas de retorno de inversión (ROI) con perspectiva de sostenibilidad, la capacitación técnica de los equipos de planeación y finanzas, la identificación de riesgos materiales ASG por proyecto y de la entidad, y el desarrollo de datos con trazabilidad suficiente para superar auditorías financieras. Asimismo, exige la correcta aplicación de las taxonomías vigentes y la alineación con los marcos NIIF S1, S2 y NIS para mitigar el riesgo de “Greenwashing” ante todos los grupos de interés.
La sostenibilidad no puede abordarse desde esfuerzos aislados; debe integrarse transversalmente en la estrategia corporativa. Los consejos de administración y la alta dirección tienen la responsabilidad inmediata de asumir este liderazgo y asegurar que permee en la cultura de la organización.
Los sectores inmobiliarios, de la construcción y de infraestructura tienen ante sí una decisión crucial: adoptar la sostenibilidad como un mero requisito de cumplimiento y reporte, o integrarla como una plataforma estratégica de creación de valor. La elección determinará quiénes asegurarán las mejores condiciones de acceso al capital, quiénes mantendrán su competitividad en los mercados modernos y quiénes estarán realmente preparados para el futuro.
 
 
Puedes consultar el estudio de la 4ta edición del Barómetro de la Construcción Sostenible 2026,  en la siguiente liga:
https://www.saint-gobain.es/documents/saint-gobain/barometro-construccion-sostenible-2026.pd