Introducción
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) define a este último como la variación en el clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables y en la actualidad, 99.9% de los reportes científicos coinciden que el cambio climático se ha causado por causas antropogénicas (humanas). Para mitigar los efectos del cambio climático, se requiere la implementación de acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes energéticas.

Actualmente, el cambio climático se ha convertido en una de las mayores amenazas para nuestro planeta y representa uno de los desafíos más significativos de nuestra era, con impactos que trascienden las fronteras geográficas y generacionales. La creciente emisión de gases de efecto invernadero, la deforestación y la contaminación están llevando al mundo hacia un futuro incierto. En este escenario, la gestión de los factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) tiene un rol clave para dirigir a las empresas hacia un desarrollo sostenible y desarrollar las bases para una transición energética.

La transición hacia energías renovables no sólo es una respuesta al cambio climático, sino también una oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible. Sin embargo, esta transición requiere inversiones significativas, tanto en tecnología como en infraestructura.

Desarrollo
El cambio climático, impulsado por la emisión de gases de efecto invernadero, está alterando de manera irreversible el equilibrio del planeta. Sus consecuencias, como el aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos, afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables, evidenciando la necesidad de una acción urgente y coordinada.

Sólo a través de un esfuerzo conjunto y comprometido por parte del gobierno y empresas se pueden mitigar los efectos del cambio climático. Resulta claro y evidente que gestionar adecuadamente los factores ASG no es sólo una responsabilidad, sino una necesidad para asegurar un futuro sostenible. Entre las principales acciones que se deben considerar se encuentran:

• Factores Ambientales: se enfoca en la necesidad de adoptar prácticas sostenibles, mediante la reducción de emisiones, el fomento de energías renovables y la protección de ecosistemas. Empresas y gobiernos deben trabajar juntos para implementar políticas y tecnologías que minimicen el impacto ambiental, mostrando un compromiso auténtico con la sostenibilidad. La implementación de prácticas que minimicen el impacto ambiental y promuevan la conservación son esenciales para atraer inversiones.

• Factores Sociales: implica promover que las comunidades sean resilientes y capaces de adaptarse a los cambios climáticos. La educación ambiental, la inclusión social, la participación comunitaria en proyectos sostenibles y la promoción de la igualdad son esenciales para crear una sociedad más consciente y preparada. Los proyectos que consideran el impacto social y buscan beneficiar a las comunidades locales resultan más competitivos.

• Factores de Gobernanza: mediante el desarrollo de leyes y regulaciones que promuevan prácticas sostenibles, así como fomentar la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones. Una gobernanza sólida y transparente es clave para garantizar la eficacia y la sostenibilidad de los proyectos de transición energética. Las prácticas de gobernanza ética y responsable atraen más financiamiento.

El acceso a financiamiento y la obtención de fondos para la transición energética puede provenir de diversas fuentes, incluyendo inversiones privadas, fondos gubernamentales, créditos bancarios, bonos, alianzas estratégicas, entre otros. Administrar los factores ASG adecuadamente no sólo es éticamente necesario, sino que también incrementa la viabilidad financiera y la competitividad de los proyectos.

Conclusiones
La lucha contra el cambio climático y la transición hacia una economía más verde no son sólo imperativos ambientales, sino que representan oportunidades económicas y sociales. Fortalecer el desempeño de los factores ASG es esencial para atraer el financiamiento necesario para la transición energética.

Las energías renovables son fuentes de energía limpias, inagotables y en consecuencia no producen emisiones de gases de efecto invernadero. En la complicada transición hacia un modelo energético de bajas emisiones, los diferentes tipos de energías renovables juegan un papel clave.

Las estrategias para fortalecer los factores ASG son diversas y requieren la colaboración de todos los sectores de la sociedad: los gobiernos estableciendo políticas y regulaciones que fomenten prácticas sostenibles; las empresas integrando a su planeación estratégica el componente de sostenibilidad, invirtiendo en tecnologías limpias y adoptando prácticas éticas; y cada uno de nosotros como consumidores demandando productos y políticas sostenibles y responsables. Esto ya que, sólo a través de un enfoque holístico y colaborativo se podrá contribuir al desarrollo de un futuro sostenible y resiliente.

Si bien, se ha comentado ampliamente el hecho de que, el financiamiento y la obtención de fondos juegan un papel importante en la transición energética, quiero cerrar esta reflexión retomando lo expuesto por la Dra. Shirley en Making the business case for energy efficiency, en cuanto a que la alta dirección, en la mayoría de las empresas, basa su toma de decisiones en indicadores tales como el Retorno sobre la Inversión (ROI) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) que funcionan en la evaluación de proyectos que involucran una asignación nueva de presupuesto pero que, no son óptimas para proyectos que pueden ser financiados con recursos que ya forman parte de un presupuesto asignado y que no están siendo aplicados adecuadamente por no contar con la infraestructura necesaria. La analogía que hace en cuanto a la quema del dinero resulta efectiva para poner en el mismo lenguaje de la alta administración los efectos que puede llegar a tener la falta de eficiencia en la administración energética y una deficiente administración de sus factores ASG. Es decir, poner en foco de atención las implicaciones e impacto económico de la energía que se desperdicia y de los riesgos de cambio climático puede llevarlos a una adecuada toma de decisiones que se traduzca en estrategias de gestión para redireccionar esos recursos producto del ahorro de energía en proyectos que generen un mayor rendimiento. Lo anterior y en su lenguaje, será identificado como oportunidades para tener un presupuesto competitivo, reducir los costos operativos, las emisiones y las inversiones en remediaciones por impacto ambiental, lo que se podría traducir en oportunidades para optimizar los recursos y, a su vez, contribuir al fortalecimiento de los factores ASG.

Fuentes:
​• Hansen. En Making the business case for energy efficiency por Hansen, S. [n.d].

El mundo ha venido presentando cambios importantes en la forma de ahorrar e invertir, cada día vemos el avance de la Inteligencia Artificial (IA) en las nuevas modalidades que se tiene para invertir o ahorrar, pero no todos conocen o investigan qué es lo que más les conviene de acuerdo con su perfil, tampoco saben si deben hacerlo en un Banco, Casa de Bolsa, Fintech, si en pesos, dólares o las llamadas criptomonedas, etc.

Es importante que la gente en general investiguemos qué es lo que sí está regulado y qué no ya que esto afecta o beneficia a nuestra salud financiera.

El invertir en una Casa de Bolsa o Banco son inversiones que cuentan con la regulación de una de las máximas autoridades financieras la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), alternativas centralizadas que nos trae tranquilidad y tendrá productos financieros de acuerdo a nuestro perfil de inversión, liquidez y tolerancia al riesgo.

Adicional a lo anterior, hoy en día escuchamos de FINTECH, el cual es un sector de empresas que usa Tecnología para productos Financieros por Internet, pero, sabemos ¿cuáles están reguladas y supervisadas?

Esta es otra alternativa financiera que nos ahorra tiempo y esfuerzo con la cual podemos conseguir diversas formas de inversión por internet con aplicaciones para operar desde el celular, la banca móvil, apps de inversión, compra de divisas, etc.

Las Fintech autorizadas y reguladas más conocidas son las de Financiamiento Colectivo, de pago electrónico, asesoría financiera.
Las Fintech llegaron para hacer un gran cambio en nuestra vida y en la de comunidades apartadas donde los servicios bancarios no llegan, es tecnología incluyente con grandes ventajas a nivel nacional e internacional.

​Un tema que recientemente todo mundo pone sobre la mesa en cada reunión ya sea de trabajo, social o familiar, son las criptomonedas, tipo de inversión descentralizada. Cuando destinas un porcentaje de tu patrimonio en criptomonedas debes saber que no está regulado ni vigilado lo cual es una “apuesta de largo plazo”, debes destinar un capital que sabes no lo vas a necesitar en el mediano plazo o largo plazo ya que implica volatilidad constante y riesgos altos.
Nuestro patrimonio económico es el resultado de un gran esfuerzo de horas de trabajo, para lo cual debemos ser muy conscientes dónde lo ponemos a trabajar para que nos genere dividendos que sumen y no resten.

Cuando hablamos de proyectos, bonos verdes, y reportes del sector privado en favor del desarrollo sostenible, lo primero que se nos viene a la mente son grandes corporativos. Sin embargo, la sostenibilidad no es algo exclusivo de un sector per se, pues cualquier intento de construir un futuro sostenible debe asegurarse de no dejar a ningún actor átras, incluyendo aquellos del ecosistema empresarial.
 
La inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) debe ser primordial para alcanzar una economía y finanzas sostenibles, al tener un papel importante por  representar el 99.8% del total de los negocios en México, contribuir el 52% de Producto Interno Bruto (PIB) y generar el 72% del empleo (INEGI, 2021). No obstante, ¿Cómo pueden estas empresas, muchas de las cuales enfrentan limitaciones de recursos y conocimientos, abrazar prácticas sostenibles y participar en la emisión de instrumentos financieros verdes? Veamos algunos de los desafíos y oportunidades que se presentan en este panorama en evolución:
 

1. El interés, la concientización y la capacitación en materia de sostenibilidad: A pesar de que el tema de sostenibilidad ha estado en boga en la última decada, su significado, implicaciones y beneficios aún es desconocido por la mayoría de las MiPyMEs. Aunado a ello, debemos de considerar que a lo largo del proceso de consolidación de estas empresas, deben cumplir con varios marcos normativos y obligaciones. Al incluir la sostenibilidad como un compromiso adicional (que además se caracteriza por ser voluntario), éste se vuelve una segunda prioridad ante la falta de recursos humanos y económicos.

 
Ante este contexto, es imperativo conocer cuándo es el momento clave en el proceso de crecimiento de una MiPyME para poder incertar el tema de sostenibilidad a través de programas educativos, de capacitación, así como asesoramiento especializados que aborden las necesidades y limitaciones de las MiPyMEs, ofreciendo información clara y accesible sobre cómo pueden identificar o integrar enfoques sostenibles dentro de su modelo de negocio, así como los beneficios directos e indirectos.
 

1. Los costos: La mayoría de las MiPyMEs cuentan con presupuestos ajustados y necesitan piorizar en qué deben invertir. Si bien, en materia de sostenibilidad, pueden empezar con acciones de bajo costo, como cambios de hábitos en su estructura organizacional y procesos operativos, a menudo su implementación implica gastos iniciales significativos. Cuando estas acciones alcanzan su nivel máximo de impactos positivos, se deben tomar medidas con una mayor inversión, como cambios tecnológicos. Ahora, si pensemos en instrumentos más complejos, como la emisión de bonos verdes, cuya certificación y validación implican gastos fuera de la realidad de las MiPyMEs, nos podemos dar cuenta que los costos se vulven un desafío importante.

 
La solución a esta situación requiere de todo un engranaje de marcos legales y de políticas públicas, incentivos e instrumentos financieros atractivos para las MiPyMEs, construidos de manera multi-sectorial y multi-actor. No obstante, se pueden empezar con acciones pequeñas, por ejemplo, el incentivar una cultura del ahorro e inversión desde una etapa temprana de una MiPyME se vuelve clave para poder costear cambios iniciales en favor de la sostenibilidad. Se requieren programas gubernamentales que ofrezcan subsidios, incentivos fiscales u otro tipo de apoyo financiero que fomenten la adopción de prácticas amigables con el medio ambiente, la sociedad y la economía. También, explorar oportunidades de colaboración con otros actores empresariales, instituciones académicas o entidades sin fines de lucro que puedan proporcionar recursos semilla o asesoramiento para adquirirlos.
 

1. El acceso a financiamiento: Las MiPyMEs en México siguen siendo un sector muy limitado al acceso a financiamiento. Esto se debe a diversos factores, entre ellos, la falta de garantías financieras sólidas, historial crediticio insuficiente, persepción de riesgo elevado, y la preferencia de las instituciones financieras por inversiones más tradicionales (no sostenibles). Al mismo tiempo, las MiPyMEs pierden interés en buscar los apoyos debido a los largos procesos burocráticos y a la desconfianza por la banca tradicional. En 2021, sólo el 16% de las MiPyMEs tenía una cuenta bancaria, a diferencia del 79% de las empresas grandes que sí las poseen (Estrada, 2022).

 
Superar este desafío requiere generar condiciones habilitadoras para que las MiPyMEs recuperen la confianza en nuevas y tradicionales fuentes de financiamiento, lo cual se puede lograr a través de incentivos, campañas de concientización y capacitación, asesoramiento financiero, tasas de interés competitivas, entre otros. De igual manera, las instituciones financieras necesitan crear mecanismos financieros adaptados, como líneas de crédito preferenciales y programas de garantía, para formentar la integración de prácticas sostenibles provenientes de MiPyMEs, así como adaptar enfoques para valorar su viabilidad.
 

1. Medición y reporte de impacto: La sostenibilidad se sustenta en un nivel elevado de divulgación de la información, precisión y claridad. Es por ello por lo que las grandes empresas invierten en mediciones, reportes y verificaciones para poder acceder a diversas certificaciones. No obstante, es difícil para una MiPyME realizar este mismo ejercicio por la restricción de recursos económicos, humanos y tecnológicos, más la escasez de conocimiento especializado que dificulta la implementación de un sistema de medición detallado. Sin contar que la falta de incentivos claros y la percepción de que los beneficios no son inmediatos también contribuyen a la resistencia hacia la medición y el reporte de impacto, creando barreras adicionales para la adopción de prácticas sostenibles.

 
En este sentido, la simplificación de metodologías es vital para proceder con una campaña de desarrollo de capacidades en materia de medición y reporte sostenible. En conjunto, se recomienda generar una herramienta asequible y amigable que pueda facilitar la recopilación de datos para las MiPyMEs y considere las brechas tecnologicas dentro del país.
 
En conclusión, el proceso de inserción de la sostenibilidad en las MiPyMEs es complejo, más si lo queremos hacer como hoy en día lo estamos haciendo para los grandes corporativos. Es necesaria una adaptación de acuerdo con las necesidades y limitaciones que presentan, lo cual sólo se puede lograr mediante la colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil.
 
La concientización, la capacitación, la creación de incentivos, el desarrollo de instrumentos financieros, así como la simplificación metodologías y herramientas de monitero y reporte accesibles y asequibles son algunos de los elementos cruciales que se requieren para abordar los desafíos previamente identificados, y allanar el camino hacia una transición sostenible en el tejido empresarial de las MiPyMEs.
 
 
Fuentes de consulta:
“El INEGI presente los resultados del estudio sobre la demografía de los negocios 2021.” n.d. Aceso 14 de diciembre 2024.  https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EDN/EDN_2021.pdf
 
Estrada, Sebastían, 9 de noviembre 2022, “MiPyMEs están resagadas en servicios financieros.” El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mypes-estan-rezagadas-en-servicios-financieros-20221108-0097.html

El paradigma ASG, denotando por sus siglas el componente ambiental, social y de gobierno corporativo o gobernanza, es un conjunto de estándares que se utiliza para evaluar la sostenibilidad de una empresa, entidad o inversión. Dentro del rubro ambiental, la gestión adecuada de los recursos naturales conlleva una evaluación continua de los usos y prioridades relacionados con las materias primas, agua y recursos energéticos, incluyendo la transición inevitable de la matriz de generación eléctrica que se enfrenta hoy en día, en donde los esfuerzos por la reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes actúan como directriz en los planes a futuro. Asimismo, la gestión de residuos en economías guiadas por el consumo continuo y desenfrenado se vuelve crucial en la consecución de esta primera letra del acrónimo ASG. En un segundo punto, el objetivo de mejores circunstancias en el ámbito social lleva a la búsqueda de mayor equidad laboral, mejores prácticas de trabajo, compensaciones y derechos adecuados y diversidad tanto de género y étnica como cultural. Finalmente, el componente de gobierno corporativo hace referencia a la transparencia, comunicación efectiva y honesta, así como la inclusión de prácticas éticas e íntegras dentro de la estructura de una empresa.

Los criterios ASG deben lograr una intersección entre los inversionistas que buscan alinear carteras o portafolios de inversión con valores de sostenibilidad y un giro en la manera de operar de empresas y entidades, ya que consiguiendo esto se tendrá un argumento sólido para pensar en el éxito financiero viable a largo plazo dado el enfoque sostenible. Ahora, surge la pregunta, ¿cómo lograr esta intersección? Naturalmente, la creación de activos y vehículos de inversión se alza como la única opción de incluir al ámbito financiero en la consecución del objetivo sostenible, esto por medio de la garantía de un rendimiento ligado a la responsabilidad ambiental, social y de transparencia. Los índices y bonos sustentables son instrumentos financieros diseñados para guiar y enfocar recursos monetarios hacia proyectos o empresas que promuevan o estén comprometidos con los criterios de sostenibilidad y son una respuesta a la demanda de productos que podrían ser denominados como más conscientes, en una dinámica económica nueva que se abre paso de manera veloz ante los escenarios de operación tradicional del mundo financiero. Los índices y bonos sustentables representan un claro punto de inflexión en la relación entre finanzas y sostenibilidad, en México se ha experimentado un cambio significativo con la entrada de bonos verdes como los emitidos por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), los bonos sustentables de algunos participantes en el sector energético y alimentario, así como la creación de índices de bolsa ligados con estos criterios ASG, como son el IPC Sustentable y el FTSE4Good, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

Ahora, la emisión de bonos sustentables atiende una necesidad de calificación crediticia y de colocación, así como de captación de recursos para cierto tipo de proyectos u objetivos. Sin embargo, para una empresa dedicada a la creación de valor con portafolios, que busca alinear una estrategia de rendimientos sobre capital con la demanda de activos sostenibles, el cuestionamiento principal es cómo lograr la incorporación gradual de los nuevos estándares. Tomando como base la Teoría Moderna de Portafolios, es decir, la construcción bajo un supuesto de media varianza cuya función de utilidad para el inversionista o administrador del fondo viene dada por:

𝑈(𝜇, Σ, ϕ, γ) = 𝜙 𝑇𝜇 − 𝛾 2 𝜙 𝑇Σ𝜙

En donde se tiene un vector de pesos 𝜙 que hace referencia a los componentes del portafolio, es decir, es un vector de n variables que deben cumplir la restricción de que ∑𝑖 𝜙𝑖 = 1, lo que implica una inversión total del dinero destinado al portafolio de inversión. El problema tradicional consiste en la maximización de la función de utilidad condicional en los estimadores de los parámetros 𝜇 y Σ, además del coeficiente de aversión al riesgo 𝛾 cuya relación con el rendimiento del portafolio es inversa ya que actúa como penalización de la utilidad al ser un multiplicador de la varianza o riesgo dada por 𝜙 𝑇Σ𝜙. Si se supone un conjunto de portafolios, no necesariamente óptimos todos, de activos tradicionales 𝐻 y se tiene otro de activos sustentables (índices, por ejemplo) denotado por 𝐺, se puede pensar de manera natural que los posibles componentes de los portafolios pertenecientes a 𝐻 serán una mayor cantidad que aquellos en 𝐺 al ser un mercado que empieza a desarrollarse. Por lo mismo, la frontera de portafolios eficientes arrojará combinaciones muy distintas de riesgos y rendimientos ante la variación del coeficiente de aversión al riesgo. En este sentido, un administrador de portafolios tendrá varias opciones para incorporar los activos sostenibles a la cartera ofertada, la primera es utilizar un replanteamiento de las condiciones de optimización del problema para incorporar métricas asociadas a los aspectos de sostenibilidad relevantes, la segunda sería utilizar un universo completo que contemple activos tradicionales y activos sostenibles y optimizar con una restricción adicional para garantizar el destino de ciertos recursos monetarios a los activos con estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Finalmente, se podría suponer la existencia de dos universos, aquel que contiene todos los activos tradicionales y otro que contenga los sostenibles, de tal forma que se pueda hacer el proceso de optimización tradicional buscando maximizar la utilidad dado el coeficiente de aversión, esto para cada uno de los universos y, posteriormente, combinar las soluciones de acuerdo con una proporción dinámica que refleje el plan de acción del fondo para alinearse con los estándares de sostenibilidad a lo largo del tiempo.

En cualquier caso, los portafolios creados apoyarán desde otra trinchera a satisfacer una demanda creciente por productos apegados a los estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Esta operación podría desembocar en una cercanía mayor entre los planes de acción para lograr los objetivos sostenibles y la población que se acerca a generar un rendimiento en su capital de inversión, lo que crearía un ciclo virtuoso que, de forma idealista, permitiría una absorción más rápida de los cambios trascendentales que habrán de consumarse en el corto plazo.

Bibliografía:
- Luis Miguel Vilatela, “Incentivos a nivel país que promueven la inversión sostenible”, Asociación Mexicana de Inversionistas, 2023.
- Lucía González Fernández, “Contexto de inversión Sostenible en la UE”, Asociación Mexicana de Inversionistas, 2024.
- Markowitz H. “Portfolio Selection”, The Journal of Finance, Vol. 7, 1952, pp. 77- 91
​- De Spiegeleer et. al., “ESG: A New Dimension in Portfolio Allocation”, SSRN, 2020.

En un mundo cada vez más consciente de los desafíos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, surge una pregunta fundamental: ¿cómo podemos movilizar recursos financieros significativos hacia la restauración y conservación de la naturaleza? Una de las múltiples respuestas podría encontrarse en los bonos vinculados a la sostenibilidad (SLBs, por sus siglas en inglés). Estos bonos representan una oportunidad única, especialmente en regiones como América Latina, para conectar el capital privado con la naturaleza. En este artículo, te contaré cómo funcionan los SLBs y su gran potencial de impacto en la restauración de ecosistemas.

Primero, es esencial entender qué son los bonos vinculados a la sostenibilidad. A diferencia de los bonos tradicionales, donde los términos de financiamiento están predefinidos y no cambian, los SLBs están estructurados de manera que los términos financieros se ajustan en función del rendimiento de la empresa emisora en ciertos indicadores de sostenibilidad (KPIs). Esto significa que si una empresa alcanza sus objetivos ambientales o sociales, podría beneficiarse de tasas de interés más bajas, mientras que el incumplimiento podría llevar a costos de capital más elevados. Dentro de los instrumentos de financiamiento sostenible, a diferencia de los bonos verdes, azules, sociales y sustentables, los SLBs son únicos ya en que el uso de recursos no está etiquetado a una actividad específica, sino a dichos KPIs que deben ser materiales y relevantes al contexto y sector de la emisora.

En América Latina hay una creciente demanda por bonos verdes, sustentables y vinculados a la sostenibilidad, llamemos a estos instrumentos deuda GSS+. Casi el 25% de la deuda total emitida en América Latina está etiquetada como deuda GSS+ en comparación con un 5% a nivel global[1]. En México, en particular los SLBs están creciendo, y 20% de todas las emisiones GSS+ (total de $856 mil millones de pesos) son SLBs según datos del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles[2].
 
¿Cómo crear el puente entre SLBs y la restauración de la naturaleza?
Actualmente muchos de los SLBs están enfocados en aspectos de acción climática, y no en combatir la pérdida de la biodiversidad, mejora en suelos, restaurar cuencas hidrológicas (importantísimas para tener agua disponible a futuro), entre otras actividades de restauración de la naturaleza. La oportunidad es por lo tanto muy grande, con beneficios para las emisoras e inversionistas que se decidan involucrar.

Para entender cómo podría funcionar este mecanismo para la naturaleza, consideremos como ejemplo la emisión de un SLB por parte de una empresa de aviación en México. En 2022, esta empresa lanzó un bono de $1,000 millones de pesos para refinanciar deuda actual y para usos corporativos generales[1]. El KPI que eligió fue la reducción de la intensidad de emisiones de carbono del combustible para aviones por pasajero-km de ingresos, comparado con su línea base en 2015. Imaginemos el potencial de una emisión similar pero cuyo beneficio esté ligado no solo al cambio climático sino a la biodiversidad. Esto aplicaría por ejemplo, a empresas en sectores de alimentos y bebidas, construcción, o bienes de consumo cuyas cadenas de valor y operaciones dependen a gran escala de la naturaleza.

Imaginemos que alguna de estas empresas, por ejemplo una cervecera o refresquera, emitiera un SLB de $1,000 millones de pesos (mismo monto que la aerolínea) para refinanciar su deuda. Imaginemos que dicha cervecera o refresquera decide destinar el 5% de la emisión del SLB a restaurar una cuenca hidrológica con reforestación y manejo sustentable de bosques y pastizales. El KPI que dicha empresa elija puede estar relacionado al agua que utiliza para sus operaciones, siendo así material, relevante y fácil de monitorear. Tan solo ese teórico 5% de recursos representa $50 millones de pesos, un ticket que permitiría comenzar un proyecto de restauración y monitoreo en miles de hectáreas, midiendo las ganancias en humedad de suelo y recarga de acuíferos. La emisora podría vincular datos de la restauración al KPI elegido, y en conjunto con otras actividades realizadas con el 95% remanente del monto levantado, cumplir con su KPI y por tanto financiarse de mejor manera que si eligiera otro instrumento financiero. Aún más atractivo, con ese capital la empresa podría generar un proyecto de captura de carbono en la misma cuenca, beneficiándose de la emisión de bonos de carbono de alta calidad que le permitirían llegar más rápido a sus compromisos Net-Zero, o bien, comercializarlos y obtener una fuente de ingresos adicionales. Dicha empresa entonces obtendría financiamiento a tasas preferenciales, reduciría su exposición a riesgos climáticos futuros, obtendría mejor reputación, tendría un impacto directo en la zona en la que opera, e incluso podría contemplar generar una nueva línea de ingresos.

Lo mismo podría pasar con una emisión por parte de una empresa con actividades agrícolas: tan solo destinando un porcentaje mínimo de los recursos obtenidos en un SLB, podría transicionar actividades de agricultura extractiva a la agricultura sostenible o regenerativa de manera que la misma emisión de deuda sirva para financiar la transición y potencialmente obtener un premium en los precios de sus productos.

Estos ejemplos teóricos ilustran cómo los SLBs pueden crear un puente entre el capital privado hacia esfuerzos de restauración y conservación. El SLB no solo beneficia a la emisora en términos de financiamiento y reputación, sino que también ofrece a los inversionistas la oportunidad de contribuir a objetivos directamente relacionados con mejoras en cambio climático y biodiversidad, alineándose a marcos globales como el Acuerdo de París y al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) a la vez que reduce su exposición a riesgos climáticos físicos por el aumento de eventos climáticos extremos, erosión de suelo y escasez de agua. Vale la pena recalcar que con este mecanismo las emisoras logran obtener financiamiento para las actividades que le ayuden a sus empresas a crecer sin tener etiquetados los usos de los recursos, pudiendo incluso tener una fuente adicional de ingresos por la comercialización del capital natural generado –a través de las prácticas llamadas insetting y offsetting, de las cuales hablaré en otro artículo futuro.

En resumen, los bonos vinculados a la sostenibilidad representan una oportunidad sin precedentes para dirigir el capital privado hacia la restauración de la naturaleza. Estos instrumentos son cruciales para financiar esfuerzos de conservación y restauración en una escala significativa, y hacerlo en América Latina representaría la protección de mucha de la biodiversidad y recursos hídricos del mundo. En este contexto, es esencial que tanto los emisores de bonos como los inversionistas continúen fomentando la innovación en el mercado de finanzas sostenibles, que consultoras y emisoras trabajen en conjunto con desarrolladores de proyectos de capital natural, y que exista un monitoreo con base en tecnología para aumentar la eficiencia y transparencia de dichas actividades.

Existe también la oportunidad de dirigir recursos a la restauración de la naturaleza con otros instrumentos de finanzas sostenibles como los créditos vinculados a la sostenibilidad, los bonos azules, verdes y sustentables. Los SLBs son una de muchas maneras de movilizar recursos financieros a gran escala a la naturaleza y así crear un vínculo innovador entre los mercados de deuda y el capital natural en América Latina.  

[1] Viva Aerobus. (2022, November 17). Viva Aerobus Anuncia Exitosa Emisión de su Bono Vinculado a la Sostenibilidad. Retrieved from https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventemi/eventemi_1233394_1.pdf
[1] Climate Bonds Initiative. (2022). Latin America and the Caribbean Sustainable Debt: State of the Market 2022. Retrieved from https://www.climatebonds.net/resources/reports/latin-america-and-caribbean-sustainable-debt-state-market-2022
[2] Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. (n.d.). Bonos MX. Retrieved from https://cmfs.org.mx/bonos-mx/

Introducción
En los últimos años se han desarrollado taxonomías de financiamiento sostenible de forma acelerada. El sistema financiero global integra como riesgos sistémicos, los riesgos físicos que definen al cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, como dos de los más importantes de largo plazo. Las tendencias del desarrollo económico de las economías a nivel global y de la región de América Latina, muestran la tendencia nada positiva de lograr las metas del Acuerdo de París y transitar hacia economías de bajas emisiones que promuevan el desarrollo sostenible. En ese sentido, el desarrollo de taxonomías es un elemento fundamental para definir un marco de referencia de como movilizar y priorizar las inversiones de los países y alinearlas a las metas de cambio climático y conservación de la biodiversidad. Por eso es importante definir en un principio que son y para qué sirven las taxonomías. Posteriormente hacer un análisis de la referencia más importante de la región para la definición de las taxonomías más relevantes y vigentes de la región de América Latina. Y finalmente hacer un análisis de qué tipo de taxonomías existen las regiones donde se concentran, que características tienen y que principios siguen cada una de ellas. Finalmente, se presenta un breve análisis de la Taxonomía de Colombia y México, como ejemplos de la región, definiendo sus características y objetivos.

Conceptos de Taxonomía
La taxonomía se refiere a la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en particular, dentro de la biología, para la ordenación jerarquizada y sistemática, con sus nombres, de los grupos de animales y de vegetales (Española, 2024). La taxonomía de financiamiento sostenible retoma este concepto y a nivel global a partir del 2016, la Unión Europea (UE) a desarrollar su propia taxonomía, como parte fundamental del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles (European Union, 2024).

La taxonomía de la Unión Europea un referente para América LatinaDe acuerdo con la taxonomía de la UE, es un “la taxonomía de financiamiento de la Unión Europea se refiere a un sistema de clasificación y criterios que se utilizan para determinar si una actividad económica es ambientalmente sostenible y, por lo tanto, elegible para recibir financiamiento o apoyo de la Unión Europea (UE) en el contexto de sus políticas de sostenibilidad y cambio climático. Ésta se basa en el Reglamento de Taxonomía de la UE, que fue adoptado en 2020 como parte del Plan de Acción (European Union, 2024).

El objetivo principal de la taxonomía es proporcionar un marco común y transparente que ayude a los inversores, empresas y gobiernos a identificar qué actividades económicas contribuyen de manera significativa a los objetivos de sostenibilidad de la UE, especialmente en lo que respecta a la mitigación del cambio climático y la protección del medio ambiente. A nivel global la Taxonomía de la EU ha sido un referente importante de las del resto del mundo. Específicamente la de la UE se centra en seis objetivos ambientales entre los que destacan: La mitigación y adaptación al cambio climático. El uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos. La transición hacia una economía circular, la prevención y control de la contaminación, protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas (European Union, 2024).

Para que una actividad económica sea considerada "verde" según la taxonomía de la UE, debe cumplir con una serie de criterios técnicos detallados y demostrar que contribuye de manera positiva a uno o más de los objetivos ambientales mencionados anteriormente. Esto tiene importantes implicaciones para la financiación de proyectos e inversiones en la UE, ya que se espera que las actividades económicas alineadas con la taxonomía reciban un trato preferencial en términos de acceso a financiamiento, tasas e incentivos específicos apoyados por la UE (European Union, 2024).

La taxonomía de financiamiento de la UE es un instrumento clave en los esfuerzos de la UE para avanzar hacia una economía más sostenible y descarbonizada, y para cumplir con sus compromisos en el Acuerdo de París y otros objetivos ambientales internacionales. Además, busca promover la transparencia y la coherencia en la inversión sostenible y fomentar la canalización de fondos hacia proyectos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad (European Union, 2024). Y ha sido la base fundamental para la construcción de otras taxonomías a nivel global.

Las taxonomías a nivel global se pueden clasificar como verdes, sociales, sostenibles y de transición. A nivel internacional existen hasta el 2023, según datos del estudio del Center for Clean Air Polícy (CCAP), existen 46 taxonomías a nivel global distribuidas en diferentes regiones del mundo. Existen dos en América del Norte (Canadá y México), doce en América Latina y el Caribe (El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Colombia, Panamá Nicaragua, Republica Dominicana y Guatemala). En la Región de Europa Central existen (UE, Noruega y UK), en la región del Cáucaso existen dos (Turquía y Georgia). En África existen cuatro (Senegal, Sudáfrica, Ruanda, Egipto). En la península Arábiga, existe una donde se encuentran los Emiratos Árabes Unidos. En Asia Central existen cuatro (Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Rusia).  En Asía Meridional existen dos (India y Sir Lanka), en el sudeste asiático son catorce los países, todos los ASEAN más China, Corea del Sur, Mongolia, Japón, Papúa Nueva Guinea y finalmente en el continente australiano son dos (Australia y Nueva Zelanda). Del total de taxonomías algunas ya están desarrolladas, otras en proceso y otras en diseño e implementación (Adriana Bazán Fuster, 2023).

La región de América Latina reúne ciertas características específicas que le dan relevancia a los ejercicios taxonómicos que se han desarrollado en esta región. Existen una serie de principios relevantes en todas las taxonomías a nivel global, 1)que busquen hacer una contribución a objetivos bien definidos y evitar daños,  2)buscar la interoperabilidad entre ellas a nivel global, 3) proporcionar definiciones claras que tengan base científica para medio ambiente o basadas en pruebas para otras cuestiones de sostenibilidad; así como 4)permitir una transición creíble de los sectores de altas emisiones con un objetivo final claramente definido, independientemente de la vía. 5)Ser dinámicos y sujetos a revisiones periódicas y finalmente 6) garantizar la buena gobernanza, transparencia y aplicabilidad práctica (Programme, Common Framework of Sustainable Finance Taxonomies for Latin America and the Caribbean., 2023).

Colombia
Colombia fue el primer país en publicar una taxonomía de financiamiento, esta se clasifica dentro de las taxonomías verdes y el sistema de clasificación de para actividades económicas y activos deben contribuir a los objetivos y compromisos ambientales del país. Fue publicada en diciembre de 2022 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera de Colombia. La Taxonomía Verde de Colombia puede ayudar a movilizar recursos privados hacia actividades sostenibles, reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida; así como ayudar a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las inversiones y gastos públicos (Colombia, 2022).
La taxonomía se estructura en torno a seis objetivos ambientales:

1)    Mitigación del cambio climático: actividades que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o a aumentar la captura y almacenamiento de carbono.
2)    Adaptación al cambio climático: actividades que contribuyen a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos al cambio climático.
3)    Conservación de los ecosistemas y biodiversidad: actividades que contribuyen a proteger los ecosistemas y la biodiversidad.
4)    Gestión del agua: actividades que contribuyen a garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos.
5)    Gestión del suelo: actividades que contribuyen a proteger y restaurar los suelos.
6)    Economía circular: actividades que promueven la reutilización, el reciclaje y la reducción de residuos (Colombia, 2022).

Cada objetivo ambiental se divide en actividades económicas y activos que contribuyen a su logro. Las actividades económicas se clasifican en cuatro categorías:

1)    Inversiones: inversiones en activos que contribuyen a los objetivos ambientales.
2)    Consumo: consumo de bienes y servicios que contribuyen a los objetivos ambientales.
3)    Operaciones: operaciones de empresas que contribuyen a los objetivos ambientales.
4)  Gastos públicos: gastos del gobierno que contribuyen a los objetivos ambientales (Colombia, 2022).

A su vez los activos se clasifican en tres categorías:

1)    Infraestructura: activos físicos que contribuyen a los objetivos ambientales.
2)    Capital natural: activos naturales que contribuyen a los objetivos ambientales.
3)   Capacidad intelectual: conocimientos, tecnologías y habilidades que contribuyen a los objetivos ambientales.
4)    Beneficios

La Taxonomía Verde de Colombia tiene varios beneficios. Facilitar la identificación de inversiones y gastos verdes: la Taxonomía Verde proporciona un lenguaje común para identificar y clasificar las inversiones y gastos que contribuyen a los objetivos ambientales. Esto puede ayudar a los inversores, las empresas y las instituciones gubernamentales a tomar decisiones más informadas sobre cómo movilizar recursos hacia actividades sostenibles. Promover la movilización de recursos privados: la Taxonomía Verde puede ayudar a atraer inversiones privadas hacia actividades sostenibles. Esto puede contribuir al desarrollo económico y social del país, al tiempo que se reduce el impacto ambiental. Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas: la Taxonomía Verde puede ayudar a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las inversiones y gastos públicos. Esto puede ayudar a garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva para lograr los objetivos ambientales (Colombia, 2022).

México
El proceso de diseño de la taxonomía en México inicio en el 2021, en el marco del Comité de Finanzas Sostenibles (CFS) de México. El grupo de Trabajo del Comité inició los trabajó para definir el marco de referencia basado en los principales ejemplos y mejores prácticas nacionales e internacionales para definir un proceso específico para México. El Gobierno de México (GdM) a través del CFS tomó la decisión de diseñar una taxonomía sostenible derivado de las condiciones sociales, ambientales y económicas (SHCP, 2023).

En un inicio el GT de taxonomía definieron que la Taxonomía de México se basaría en los Objetivos de Desarrollo Sostenible iniciando por tres de ellos, donde las actividades económicas se basan y definen con base en el parámetro principal que es la reducción de emisiones de GEI y tomando como referencia otros indicadores, retomados de la taxonomía de la UE como el parámetro de no daño significativo, las salvaguardar ambientales y sociales, y finalmente el aspecto de equidad de género. Este último es el elemento diferenciador del resto de las taxonomías a nivel global. Asimismo, el enfoque de la taxonomía de México se desprende de los ODS iniciales (ODS 5 de igualdad de género, ODS 11 Ciudades y Comunidades sostenibles y el 13 de cambio climático. La taxonomía se publicó en marzo de 2023. Se definieron seis sectores económicos (Agricultura, ganadería, silvicultura y forestal, energía y agua, manufactura, gestión de residuos, transporte y construcción) (SHCP, 2023).
La SHCP quien preside el GT de taxonomía con el apoyo de la GIZ definió un proceso y metodología para definir las métricas y umbrales de la taxonomía a través de la creación de Grupos Técnicos Sectoriales, donde participaron personas expertas de los seis sectores económicos para definir los Criterios Técnicos Sectoriales (CTS) (ver imagen) de las 124 actividades económicas definidas a partir del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México (SCIAN) referidos de los seis sectores definidos y alineados con los tres ODS iniciales (SHCP, 2023). 

A partir de este proceso, la SHCP publicó un año después la taxonomía de México. Como se mencionó previamente, la taxonomía de México aplica todos los principios como lo son la interoperabilidad, que busquen hacer una contribución a objetivos bien definidos y evitar daños; proporcionar definiciones claras que tengan base científica para medio ambiente o basadas en pruebas para otras cuestiones de sostenibilidad; permitir una transición creíble de los sectores de altas emisiones con un objetivo final claramente definido, independientemente de la vía. Ser dinámicos y sujetos a revisiones periódicas y finalmente garantizar la buena gobernanza, transparencia y aplicabilidad práctica. La taxonomía de México se define como innovadora por integrar aspectos sociales como la equidad de género y la forma en cómo se integraron las métricas y umbrales para clasificar inversiones e instrumentos financieros con enfoque de género a través del desarrollo de un índice (SHCP, 2023).

Conclusiones
El desarrollo de taxonomías a nivel global avanza como un pilar fundamental en el desarrollo de marcos de política para promover las finanzas climáticas y sostenibles. Es importante mencionar que las dos taxonomías analizadas nos dan un ejemplo claro de los objetivos, usos y criterios para el diseño e implementación de las taxonomías. La regulación de los mercados es también un elemento fundamental para darle dientes a la aplicación y cumplimiento de las acciones de política hacia el sentido por las que fueron diseñadas. Elementos fundamentales de las taxonomías, nos dejan un análisis y reflexión del reto a lo que se enfrentan los gobiernos para evitar a través de estas herramientas el green, social o gender washing de las inversiones.

Las taxonomías tienen muchas funciones y sirven para reducir los riesgos de los portafolios de inversión, promueven la revelación de información para la toma de decisiones financiera, crear condiciones para movilizar recursos públicos y privados para el cumplimiento de las metas nacionales a través del mercado. Asimismo, fortalece los mercados y su competitividad, fomenta el desarrollo de mecanismos financieros innovadores, define el propósito sostenible de los presupuestos públicos para atender la agenda de desarrollo sostenible y se complementa a otros marcos normativos nacionales para promover el desarrollo económico y la reducción de las desigualdades.
 
Fuentes de información
​Adriana Bazán Fuster, A. S. (2023). Shaping the Future of Finance: Exploring the Global Rise of Sustainable Finance Taxonomies. Washington DC: Center For Clean Air Policy. Obtenido de https://www.ccap.org/post/shaping-the-future-of-finance-exploring-the-global-rise-of-sustainable-finance-taxonomies
Colombia, G. d. (2022). Taxonomía Verde de Colombia. Bogotá. Obtenido de https://www.taxonomiaverde.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-191401
Española, R. A. (2024). REal Academia Española. Obtenido de https://dle.rae.es/taxonom%C3%ADa
European Union. (15 de Enero de 2024). EU Taxonomy Navigator. Obtenido de European Comission: https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/
Programme, U. N. (2023). Common Framework of Sustainable Finance Taxonomies for Latin America and the Caribbean. United Nations Environment Programme. Obtenido de https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/Common-Framework-of-Sustainable-Finance-Taxonomies-LAC.pdf
Programme, U. N. (2023). Common Framework of Sustainable FInance Taxonomies for Latin America and the Caribbean. UNEP. Obtenido de https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/Common-Framework-of-Sustainable-Finance-Taxonomies-LAC.pdf
SHCP. (2023). Taxonomia Sostenible de México. CDMX: Gobierno de México, SHCP. Obtenido de https://www.gob.mx/shcp/documentos/taxonomia-sostenible-de-mexico?state=published

En la última década, la necesidad y la urgencia de replantear la relación de los seres humanos con el planeta que habitamos ha sido puesta en evidencia. Los impactos climáticos y sociales son cada vez mayores e indiscutibles con fenómenos meteorológicos nunca antes vistos que provocan desplazamiento de comunidades generando nuevas presiones económicas y sociales.

Si bien los confinamientos a causa de la COVID-19 en 2020-2021 dieron un pequeño respiro al planeta, es necesario repensar esta relación humanidad-Tierra desde un punto de vista más empático con nuestros semejantes, los diversos ecosistemas y con las generaciones del futuro. En este sentido, hemos visto emerger las consciencias de los lideres científicos y económicos a nivel mundial instando a todas las naciones a tomar acción para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y los Objetivos Determinados a Nivel Nacional (NDC), generando metas más agresivas, nuevas regulaciones, incrementando el escrutinio del actuar de las empresas ante estos riesgos y sus estrategias para afrontarlo.

No obstante, en las últimas dos Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, no sólo no se reportan progresos importantes si no que el problema parece estarse agravando. Hay una falta de compromiso con el cumplimiento de las metas explicada mayormente por los altos montos de inversión que cambios de esta magnitud requieren.
Y es que en realidad ninguno de los países tomaría acciones que puedan afectar sus economías, son decisiones difíciles y dolorosas pero necesarias para que las transformaciones reales sucedan. Y la única forma de pasar por esos procesos amargos, es comprender el problema, educarse en los temas, analizar los impactos, hacer un ejercicio de empatía y ponerse en los zapatos del otro y entonces sí quienes toman las decisiones estarán listos a dar estos pasos pensando en el bien mayor.

Si bien definir políticas públicas para la gestión de las iniciativas y el cumplimiento de los objetivos de cada país es necesario, es indispensable un entendimiento de los distintos aspectos del cambio climático por parte de todas las partes involucradas en su implementación para que esta sea exitosa. Por ejemplo, el estudio “ESTADO Y PERSPECTIVAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO: UN PUNTO DE PARTIDA”1 señala que en México se cuenta con una Ley General de Cambio Climático se creó un Sistema Nacional de Cambio Climático con participación estatal, municipal y del Poder Legislativo a nivel nacional y subnacional. Este sistema incluye un organismo científico-técnico, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, cuya función es el acompañamiento y evaluación técnica de las políticas públicas en cambio climático. Sin embargo, otras medidas jurídico-administrativas como la extinción del fideicomiso público destinado al Fondo para el Cambio Climático van en contra de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

En la más reciente Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático2, se concluye que si bien hay avances en la información pública para hacer frente al cambio climático, el actuar de los gobiernos federales estatales y municipales está totalmente desligado de las políticas de cambio climático e incluso en algunos casos los programas diseñados, como el de Calidad del Aire, tienen una relación marginal o inexistente con las políticas de cambio climático.

Entonces ¿por qué mientras se dan pasos muy positivos en algunos frentes, en otros se toman otras que son contrarias y obstaculizan la implementación de la estrategia? ¿Qué se necesita para alinear las decisiones e intereses de todas las partes? Como ya nos decían Norton y Kaplan, para una exitosa implementación de cualquier estrategia, es fundamental que todas las partes involucradas tengan claridad de cómo me afecta, cómo puedo contribuir y cómo me beneficia. Entonces quizá es necesario dar un paso atrás y dar un paso que resulta esencial: educar a todos estos actores en los temas de sostenibilidad. Aún ahora con las altas temperaturas, sequías, inundaciones, grandes migraciones que hemos experimentado en los últimos años, hay un enorme desconocimiento y resistencia a de estos retos. Pero una vez que comienzas a informarte, a entender los impactos, los beneficios, las oportunidades es imposible no apasionarte y comprometerte. Observo con beneplácito como la relación con los equipos de trabajo con los que interactúo se torna de resistencia a involucramiento, a medida que su comprensión del tema aumenta. Entonces la clave, es educar…

El conocimiento es poder. Las naciones que entiendan estos serán capaces de tomar las mejores oportunidades que el cambio climático y el desarrollo sostenible ofrecen, generando impactos positivos en sus pueblos y economías. A medida que se tenga un conocimiento, entendimiento y empatía sobre la relevancia del desarrollo sostenible, en todos los niveles, será más sencillo materializar las iniciativas correctas para generar el equilibrio en esta relación humanidad-Tierra, desde políticas que incentiven el uso de energías renovables, transformación de industrias, hasta decisiones personales de uso responsable de energéticos y recursos naturales que armónicamente implementados aseguren un futuro para nuestra especie.

1 https://cambioclimatico.unam.mx/wp-content/uploads/2023/11/estado-y-perspectivas-del-cambio-climatico-en-mexico-un-punto-de-partida-unam.pdf
​2 https://cambioclimatico.gob.mx/sexta-comunicacion/img/infografias/9.Evaluacion.png

La web, o la World Wide Web, desarrollada en la década de 1980, se ha convertido en una herramienta fundamental para la comunicación, la educación y el entretenimiento. A lo largo del tiempo, la web ha evolucionado a través de diferentes etapas, conocidas como Web 1.0, Web 2.0 y Web 3.0.
 
Web 1.0:  La Web Estática. La Web 1.0 se refiere a la primera etapa de desarrollo. En esta fase, las páginas web eran estáticas. Los usuarios eran receptores de contenido sin la capacidad de interactuar significativamente. Aunque esta etapa sentó las bases, rápidamente se hizo evidente que la web podía ofrecer más. Fue una fase de consulta, sin posibilidad de monetización.
 
Web 2.0: La Web Social e Interactiva. Con Web 2.0, la web evolucionó hacia la interactividad y la participación del usuario. Plataformas como Facebook, Twitter y YouTube permitieron a las personas compartir, comentar y crear contenido, transformando la web en una experiencia más dinámica y colaborativa. Este cambio impulsó el auge de las redes sociales y el surgimiento de nuevos modelos de negocios basados en la participación de los usuarios. Sin embargo, como creadores de contenido la posibilidad de monetizar aún era baja y no se puede comparar con lo generado por las plataformas donde publicamos.
 
Hacia la Web 3.0: La Web Inteligente y Descentralizada. Ahora, nos encontramos en el inicio de la Web 3.0, también conocida como la web semántica o inteligente. En esta fase, la inteligencia artificial permitirá una comprensión más profunda del contenido. Los motores de búsqueda no solo buscarán palabras clave, sino que comprenderán el contexto y la relación entre los datos.  La descentralización, gracias a la tecnología de cadena de bloques, cambiará la forma en que almacenamos y compartimos datos en la web, otorgando a los usuarios un mayor control sobre su información personal y la capacidad de participar en transacciones seguras sin depender de intermediarios. Los creadores de contenido podrán monetizar y retener la mayor parte de los beneficios.
 
Conclusión. La trayectoria de la web desde sus primeros días hasta la era inminente de la Web 3.0 representa una evolución sorprendente y, en muchos aspectos, revolucionaria. Desde la simplicidad de la Web 1.0 hasta la participación activa en la Web 2.0, y finalmente hacia la inteligencia y descentralización en la Web 3.0, hemos presenciado un cambio monumental en la forma en que la información se comparte y se consume. La Web 3.0 promete no solo una mayor eficiencia en la comprensión del contenido, sino también una vuelta de tuerca en el control de los datos por parte de los creadores de contenido. La capacidad de monetización y la recuperación de la propiedad sobre la información compartida son elementos fundamentales de esta nueva era, ofreciendo a individuos y empresas oportunidades sin precedentes.

​La historia de la web 3.0, la blockchain y el ecosistema criptográfico apenas comienza.

Conforme los retos en sustentabilidad en nuestro país se hacen más complejos, en función de la triple crisis planetaria que vivimos (cambio climático, la pérdida de recursos naturales y biodiversidad, y la contaminación y los desechos[1]), los reguladores han explorado enfoques innovadores que les permitan alcanzar los objetivos sociales y de la legislación de forma eficiente, considerando las siguientes restricciones:
·         Recursos humanos, financieros y materiales limitados,
·         Retos en el proceso de actualización normativa (a nivel legislativo y reglamentario)
·      Complejidad de los problemas, mismos que requieren de enfoques iterativos, menos sujetos a estructuras regulatorias tradicionales.

En estas iniciativas, se combinan aspectos de cumplimiento normativo con acciones voluntarias o mecanismos de autorregulación, el resultado es una mayor interlocución con la industria y la apertura de nuevas avenidas de colaboración para elevar el desempeño. A continuación, algunos ejemplos de este nuevo enfoque:
·         En el Área Metropolitana de Monterrey, las autoridades han invitado a la industria a adoptar medidas voluntarias de reducción de contaminantes a través del Programa Integral para la Gestión de Calidad del Aire (PIGECA). El 11 de enero de 2024[2], este Programa fue actualizado para el periodo 2023-2033 y se espera que más empresas se sumen a este esfuerzo (actualmente incluye a 82 organizaciones). De ser exitoso, el programa implicará una reducción de emisiones del 55.3% para PM10, 52.5% para PM2.5, 55.3% para NOX, 77.4% para SO2, 41.7% para COV y 69% para carbono negro.
·         En Querétaro, el Sistema Estatal de Economía Circular ha generado ahorros por más de 591 millones de pesos, así como de “125,000 toneladas de materiales y residuos; así como dos millones 366,000 metros cuadrados de agua; 102 GWH (giga watts hora) de energía; y el equivalente a 681,000 toneladas de CO2”[3]. Este sistema se basa en una plataforma voluntaria donde grandes empresas se suman junto con su cadena de valor, explorando sinergias y difundiendo capacidades.

En ambos casos, se trata de iniciativas voluntarias basadas en los objetivos y herramientas contenidas en la legislación, sin embargo, el principal riesgo que enfrentan las organizaciones al no entender e involucrarse en estos esfuerzos se basa en lo siguiente:
·     Riesgos reputacionales: Las empresas participantes tendrán una ventaja frente a partes interesadas, mientras que aquellas que se abstengan serán vistas desfavorablemente.
·         Tecnológico: La inversión en proyectos que reduzcan las emisiones o generación de residuos implica la adopción de combustibles más limpios, equipos más eficientes o la industria 4.0. Las empresas que se mantengan ajenas a las iniciativas seguirán operando con tecnologías cada vez menos competitivas.
·         Regulatorio: Una vez que las iniciativas mencionadas alcancen una masa critica de sujetos objeto de los programas, es posible que la autoridad busque un enfoque diferente (basado en regulación o costos), que hará más cara o reactiva la transición de las empresas.

​Por lo anterior, las empresas deben de identificar y evaluar estas iniciativas en función de los riesgos y oportunidades que representan y participar en función de sus objetivos y recursos, con el propósito de coadyuvar en la resolución de los problemas ambientales y sociales de nuestro país y asegurar la viabilidad de su modelo de negocio en el futuro.

[1] Naciones Unidas (22 de abril de 2022), La Tierra se enfrenta a una triple crisis planetaria. Disponible en https://unric.org/es/la-tierra-se-enfrenta-a-una-triple-crisis-planetaria/

[2] Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León (11 de enero de 2023), Programa Integral para la Gestión de Calidad del Aire (PIGECA). Disponible en https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://aire.nl.gob.mx/docs/reportes/PIGECA_2023_2033.pdf

[3] Viviana Estrella (El Economista), Sistema de economía circular generó ahorros anuales por 591 millones de pesos en Querétaro. Disponible en https://www.eleconomista.com.mx/estados/Sistema-de-economia-circular-generoahorros-anuales-por-591-millones-de-pesos-en-Queretaro-20231228-0061.html. 

En el panorama de las inversiones sostenibles, la convergencia de los Ratings de Sustentabilidad y los Principios de Inversión Responsable emerge como un enfoque técnico y estructurado para abordar la sostenibilidad. Los Ratings de Sustentabilidad evalúan objetivos del desempeño ESG (ambiente, sociedad y gobernanza, por sus siglas en inglés de environment, society & governance) de las empresas. Mientras que los Principios de Inversión Responsable (PRI) son un conjunto de seis principios que establecen un marco para la integración de los factores ESG en las decisiones de inversión.

Los PRI se basan en la premisa de que los factores ESG son relevantes para el desempeño financiero a largo plazo de las empresas. Los principios establecen que los inversores deben (PRI, 2024):
● Incorporar los factores ESG en sus procesos de inversión y toma de decisiones.
● Aplicar los principios de inversión responsable a toda su cartera de inversiones.
● Ser transparentes sobre sus políticas y prácticas de inversión responsable.

Los Ratings de Sustentabilidad son una calificación que se otorga a las empresas en función de su desempeño en materia ESG. Estas calificaciones se basan en una serie de factores, que pueden variar según la agencia que las otorga. Existen varias agencias que otorgan ratings de sustentabilidad; algunas de las más conocidas son (BBVA, 2023):
● Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
● S&P Global Ratings
● Sustainalytics
● MSCI ESG ratings
● FTSE4Good Index Series
● ISS ESG
● Moody´s analytics

Los Ratings de Sustentabilidad proporcionan una evaluación cuantitativa de los factores ESG que son relevantes para los PRI, por lo que pueden ayudar a los inversionistas a identificar empresas que están alineadas. Las principales ventajas para los inversionistas al considerar los Ratings, son:
● Objetividad del desempeño ESG de las empresas. Los Ratings de Sustentabilidad pueden proporcionar a los inversionistas mediciones objetivas para evaluar su progreso en la integración de los factores ESG. Esto puede ayudar a los inversionistas a cumplir con el tercer principio de los PRI, que es ser transparentes sobre sus políticas y prácticas de inversión responsable.
● Reducción del riesgo. Las empresas con un buen desempeño ESG suelen tener un menor riesgo de sufrir impactos negativos relacionados con el medio ambiente, la sociedad o la gobernanza. Esto puede ayudar a los inversionistas a reducir el riesgo de sus carteras.
● Identificación de oportunidades. Los Ratings de Sustentabilidad pueden ayudar a los inversionistas a identificar empresas que contribuyen con la sostenibilidad a largo plazo de sus carteras y que tienen un potencial de crecimiento en este ámbito.

La comunicación cuantitativa de factores ESG a través de los Ratings proporciona una base analítica, mientras que la implementación de los PRI establece un marco claro para la integración sistemática de estos factores en las decisiones de inversión. Al integrar ambas herramientas, los inversores pueden no solo mitigar riesgos ESG, sino también construir carteras más sostenibles y alineadas con los objetivos a largo plazo; guiando inversiones hacia un impacto socioambiental positivo medible.

​Fuentes:
● Principles for Responsible Investment (PRI). (2024). Recuperado de
https://www.unpri.org/
● BBVA. (2023). Sustainability indexes and ratings. Recuperado de
https://shareholdersandinvestors.bbva.com/sustainability-and-responsible-bankin
g/sustainability-ratings/