Cofece sugiere alternativas a lo que “Gas Bienestar” ofrece

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) afirmó que los precios del gas LP no son determinados por una sola autoridad, sino por una serie de acciones, como vender energía a personas vulnerables en los depósitos de Diconsa, o proveer tanques de gas en tiendas de autoservicio, gasolineras y/o supermercados, para mantener bajos los precios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que creará ‘Gas Bienestar’, una nueva empresa para distribuir el hidrocarburo a “precio justo”.
Aunque el primer ministro declaró que esto se debe a su incumplimiento de la promesa de no elevar los precios del gas LP, esta idea puede no ser suficiente para reducir los precios de los combustibles.

“Los precios no dependen de una sola autoridad reguladora o instancia en términos de reglamentos aplicables, sino de una serie de acciones interconectadas destinadas a crear condiciones de mercado que impulsen los precios”, mencionó la Cofece en un comunicado.
“Solo en corresponsabilidad de todas las instituciones involucradas se podrá alcanzar este importante objetivo común”, agregó.

Como medida precautoria, el Congreso de la Unión estableció en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) el poder de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para regular provisionalmente los precios en la venta pública de gas LP hasta que la Cofece complete un procedimiento para la declaración de condiciones de competencia, según la agencia.

Sin embargo, a partir del ejercicio fiscal 2020, el LIF ya no se refiere a esta medida precautoria, por lo que es necesario esperar que el Pleno de la Cofece emita una declaración de ausencia de competencia para que el CRE pueda utilizar sus poderes de regulación de precios.

Ahora bien, si los precios de la distribución del gas LP están regulados de acuerdo con la normativa, el CRE debe tener en cuenta que la venta al por menor del gas LP es un mercado no regulado en el que participan el petróleo mexicano y los importadores privados, por lo que los precios al por menor siguen, en general, las referencias internacionales.

A su vez, la Cofece recordó que en el 2018 publicó el estudio “Transición hacia mercados competidos de Energía: Gas LP 1”, en el que alertó sobre la concentración del mercado por parte de un pequeño número de empresas, con el objetivo de las autoridades federales y los legisladores, que son responsables de mejorar la regulación del mercado, hacer esfuerzos en esa dirección.

El estudio incluye recomendaciones para mitigar los efectos de esta concentración que el Gobierno Federal aún no ha aplicado, como promover la venta de cilindros de gas LP en tiendas de autoservicio facilitando la obtención de permisos para que las tiendas minoristas, como los supermercados o las estaciones de gas, vendan cilindros de gas LP a los consumidores finales en sus instalaciones.

Otra sugerencia es vender el gas LP a la población vulnerable de los almacenes de Diconsa a través de licitaciones públicas para elegir el proveedor de gas LP para esas tiendas, en lugar de a través de una empresa gubernamental, para garantizar los mejores precios y condiciones de servicio en esas tiendas.
Los requisitos excesivos o la falta de claridad en los criterios para conceder estos permisos, según la Cofece, deben ser eliminados en el entorno local para la instalación de las plantas de distribución, donde el gas LP se entrega a los clientes en contenedores transportables o portátiles y se vende en tiendas de autoservicio.

En este sentido, el COFECE expresó su preocupación por los obstáculos normativos en 2019 como parte del establecimiento del Consejo Nacional Mejora Regulatoria (CNMR). En respuesta, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales formaron un Subgrupo de Trabajo para la Mejora Regulatoria de los Gases LP. Sin embargo, la CNMR ha prohibido estos proyectos desde el año 2020, sin explicación.

Finalmente, la Cofece solicitó el desarrollo de un programa de incentivos presupuestarios para facilitar la sustitución del gas LP por gas natural al permitir que las entidades federativas apliquen planes para incentivar la inversión en infraestructura (ductos), que actualmente es el cuello de botella para que las empresas de gas natural brindar este servicio residencial.